En vísperas del Día internacional contra la corrupción, que se celebra cada año el 9 de diciembre, el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), Marin Mrčela, ha hecho la siguiente declaración:
“Los delitos contra el medioambiente, generalmente motivados por los enormes beneficios ilegales que pueden obtener los criminales, a menudo dependen de prácticas corruptas, como los sobornos y la influencia indebida sobre altos funcionarios, políticos o fuerzas del orden. La corrupción del sector privado en este ámbito también es una preocupación.
Los delitos en cuestión están relacionados con la tala ilegal, la pesca ilegal, el comercio ilegal de fauna, la minería ilegal, el vertido ilegal y el transporte ilegal de residuos peligrosos, entre otras actividades ilícitas. Éstas causan daños irreparables a los recursos naturales, al derecho de los ciudadanos a un medioambiente sano y a los derechos de las generaciones futuras.
La corrupción permite la perpetración de delitos medioambientales. Los Estados deben aumentar la transparencia de sus procesos de toma de decisiones y de elaboración de leyes en áreas como el uso de los recursos medioambientales, los procedimientos para expedir permisos y concesiones, las certificaciones y su cumplimiento y las inspecciones medioambientales. Los derechos de emisiones y su comercio tienen que ser estrictamente regulados, y las autoridades deben estar alerta ante posibles abusos de estos derechos. Las medidas de prevención de la corrupción también son esenciales como parte de la transición verde en la que se están invirtiendo ingentes cantidades de dinero.
Las recomendaciones del GRECO a sus Estados miembros son plenamente aplicables a la corrupción relacionada con el medioambiente, incluida la regulación adecuada de los grupos de presión, la contratación pública y los procedimientos de concesión de permisos y su aplicación efectiva, así como la protección de los denunciantes. La transparencia del proceso legislativo, incluido el respeto de los requisitos de consulta pública y participación y el respeto del derecho a la información pública, es también esencial para impedir los abusos.
El Convenio sobre protección del medioambiente mediante el derecho penal que prepara actualmente el Consejo de Europa debería permitir a los Estados afinar sus herramientas para perseguir a los infractores, contrarrestar la impunidad de estos crímenes y proteger mejor los recursos medioambientales.
Los Estados deben actuar con determinación para hacer de la lucha contra la corrupción medioambiental una prioridad política. Las prácticas corruptas en el sector del medioambiente acaban provocando la degradación de los recursos naturales del planeta, un legado que nuestras generaciones más jóvenes y futuras no deberían heredar”.
