El Grupo de Expertos en lucha contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa (GRETA) ha publicado su último informe general de actividades, en el que destaca sus principales logros de 2023. Entre ellos figura la publicación de 11 nuevos informes de evaluación de países (relativos a Azerbaiyán, Estonia, Grecia, Islandia, los Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Serbia, Eslovenia, España y Suecia) y el lanzamiento de la cuarta ronda de evaluación del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, que se centrará en analizar las situaciones que hacen a las personas vulnerables a la trata.
El informe incluye un balance de la tercera ronda de evaluación del Convenio, que estaba centrada en el acceso a la justicia efectiva y a medidas de reparación para las víctimas de trata. Esta ronda de evaluación había sido completada con respecto a la mayoría de Estados Parte del Convenio a finales de 2023. En el informe 2023, en el que analiza las tendencias que trascienden de los informes por países, el GRETA subraya las lagunas en la aplicación del Convenio, así como sobre las prácticas prometedoras.
El GRETA alerta de que no se proporciona información de manera tal que se tenga en cuenta la situación de las víctimas de trata y que ésta no siempre es comprensible para las víctimas. Esto puede verse agravado porque varios Estados tienen problemas a la hora de garantizar el acceso de las víctimas de trata a intérpretes cualificados e independientes.
El informe también señala las dificultades que se encuentran las víctimas de trata para acceder a la asistencia jurídica gratuita y advierte que en varios países no se dispone de asistencia jurídica gratuita para ciertas categorías de víctimas de trata, como los inmigrantes indocumentados. Además, faltan abogados formados y especializados en representar a víctimas de trata.
“El acceso a la asistencia jurídica y al turno de oficio es esencial para facilitar y garantizar el acceso a la justicia”, ha declarado Helga Gayer, presidenta de GRETA. “Es importante tener acceso a un abogado tan pronto como existan motivos razonables para creer que una persona es víctima de trata, antes de que la persona declare oficialmente o decida si coopera con las autoridades. El acceso temprano a la asistencia jurídica también es importante para permitir a las víctimas emprender acciones civiles para obtener indemnizaciones”, ha añadido.
El GRETA también señala que en muchos países las víctimas de trata se enfrentan a obstáculos a la hora de conseguir el acceso efectivo al mercado de trabajo, lo que las hace vulnerables a una nueva explotación. Los retos están relacionados, por ejemplo, con el estatus de residencia de las víctimas y su falta de una cuenta bancaria donde se puedan abonar los salarios.
Además, obtener una indemnización de los responsables de la trata en el marco de un procedimiento penal o civil es difícil. Las indemnizaciones concedidas por los tribunales rara vez se pagan, ya que los bienes de los responsables de la trata no se identifican ni congelan en una fase temprana del proceso. Por otra parte, los esquemas de indemnización estatales raramente se aplican en la práctica a las víctimas de trata debido a los criterios restrictivos y a la falta de asistencia jurídica gratuita para reclamar la indemnización estatal.
En el lado positivo, varios Estados Parte han implementado cambios legislativos y/o emitido directrices específicas relacionadas con la no punición de las víctimas. Sin embargo, las lagunas en la identificación de las víctimas de trata continúan obstaculizando la aplicación del principio de no punibilidad.
El órgano contra la trata de personas del Consejo de Europa se muestra preocupado por el escaso número de procesos y de condenas por trata de seres humanos, y subraya que el hecho de no condenar a los traficantes y la ausencia de sentencias efectivas engendra una cultura de la impunidad. Un problema recurrente es que los casos de trata se recalifican como otros delitos que conllevan penas más leves y que privan a las víctimas de trata del acceso a ciertos derechos. El informe también presenta situaciones en las que la labor de vigilancia de GRETA ha llevado a mejoras en la aplicación del Convenio y a prácticas prometedoras en varios países.
Una sección específica del informe está dedicada a la prevención y detección de casos de trata de personas entre las personas desplazadas por la guerra de Rusia contra Ucrania. Según la información disponible, el número de casos confirmados de trata entre las refugiadas y refugiados ucranianos desde el inicio de la guerra sigue siendo bajo, lo que podría ser una señal del éxito de las medidas preventivas tempranas tomadas para proteger a los refugiados y refugiadas ucranianos y mitigar los riesgos de trata. Al mismo tiempo, el GRETA subraya que la identificación de las víctimas de trata de personas es un desafío debido a que las víctimas pueden ser reacias a presentar denuncias, ya que a menudo dependen de sus traficantes y explotadores para trabajar o alojarse.
El GRETA planea visitar Ucrania en 2024 para evaluar directamente sobre el terreno las consecuencias de la guerra en la lucha contra la trata de personas, incluida la cuestión de los niños y niñas ucranianos trasladados forzosamente y deportados.
