Los niños y niñas defensores de los derechos humanos quieren que sus gobiernos empiecen a escuchar sus opiniones, ideas y propuestas a la hora de elaborar leyes y políticas. Se trata de una de las principales conclusiones de un nuevo informe: “Los menores como defensores de los derechos humanos: un estudio en los Estados miembros del Consejo de Europa”, publicado hoy.
Es el primer estudio sobre los desafíos y respuestas nacionales en relación con el reconocimiento, la protección y el empoderamiento de niños y niñas que actúan como “menores defensores de los derechos humanos” en los Estados miembros del Consejo de Europa. Se basa en las respuestas a una encuesta que han proporcionado 20 (*) de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, así como en las entrevistas con 85 niños y niñas de toda Europa, complementadas con investigación teórica.
Según el estudio, los menores que actúan como defensores de los derechos humanos deben tener acceso a mecanismos que los protejan de los daños (violencia, represalias, castigos, intimidaciones online y fuera de las redes) que puedan ser resultado de sus acciones. Aunque muchos niños aprecian que los sistemas escolares les ofrezcan ayuda y asesoramiento contra este tipo de intimidación, a algunos les preocuparía buscar ayuda en ellos. Además, aunque los menores son conscientes de que pueden acudir a la policía o a los tribunales, dudan en hacerlo.
La investigación revela que la mayoría de los Estados encuestados carecen de una normativa específica sobre defensores de los derechos humanos, ya que consideran que su legislación sobre los derechos del niño y la protección de la infancia también se aplica a los menores defensores de los derechos humanos. Sin embargo, la legislación general sobre los derechos de los niños no suele incluir el término “menores defensores de los derechos humanos” ni abarca todo el espectro de derechos que amparan a estos menores, como el derecho de acceso a la información, la libertad de asociación y la libertad de reunión. Además, la mayoría de Estados miembros tienen disposiciones legales que limitan el derecho de los niños a participar, especialmente en el caso de los más pequeños. Aunque el derecho de los menores a la participación se menciona ampliamente en la legislación nacional, su aplicación sigue siendo un reto importante y la participación de los niños en asuntos políticos y públicos y en la toma de decisiones no se produce de forma sistemática y significativa.
Los menores que han participado en las entrevistas consideraron la posibilidad de participar en la elaboración de leyes y políticas como un gran logro, pero afirmaron que se les excluía de decisiones importantes sobre “cosas de adultos” o que no se les tomaba en serio debido a su edad. En cuanto al apoyo que necesitarían de sus gobiernos, los menores esperarían en primer lugar que sus gobiernos cambiaran su enfoque hacia ellos, que empezaran a escucharles y que tuvieran en cuenta su opinión a la hora de tomar decisiones. A los menores les gustaría ver más concienciación sobre sus derechos y más oportunidades de aprender a defenderlos en las escuelas. Un apoyo financiero directo a los menores defensores de los derechos humanos potenciaría sus actividades. El estudio demuestra que la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa (84%), se beneficiarían y apreciarían disponer de asistencia técnica para reforzar el marco jurídico y sistematizar las medidas a implementar para promover los derechos de los menores defensores de los derechos humanos en sus países.
El estudio cuenta con una serie de recomendaciones para ayudar a los Estados miembros a cumplir más eficazmente sus obligaciones hacia los menores defensores de los derechos humanos, como integrar el término y el concepto en la legislación nacional, implicar a los menores en las consultas y crear plataformas nacionales para la participación infantil, proporcionar información adaptada a los menores y protegerlos de cualquier forma de daño (incluidas las represalias por sus acciones como defensores de derechos), y garantizar que cualquier limitación a los derechos civiles y políticos de estos menores sea necesaria, proporcionada y no discriminatoria. Se debería garantizar formación específica a los padres/tutores legales, profesores y otros profesionales calve, y asignarse los recursos necesarios para promover los derechos de los menores defensores de los derechos humanos.
Aprobado por el Comité Directivo sobre los Derechos del Niño (CDENF) durante su 8ª reunión plenaria del 14 al 16 de noviembre de 2023, el estudio forma parte de los trabajos de seguimiento de la Declaración de Reikiavik, adoptada el 17 de mayo de 2023 por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Consejo de Europa, en la que se comprometen a intensificar y reforzar los esfuerzos del Consejo de Europa para “crear un entorno propicio para los defensores de los derechos humanos”.
(*) Alemania, Armenia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, la República Checa, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía y Suiza.
