El Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa ha instado a las autoridades de Georgia a reanudar un diálogo político inclusivo a todos los niveles de gobierno y con todas las partes -incluidas las autoridades locales, la oposición y la sociedad civil- para reducir la polarización, restablecer los controles y equilibrios esenciales en una democracia pluralista y regular los derechos de participación de la oposición. Esto resulta indispensable para restablecer las condiciones para un clima democrático de cara a las elecciones locales de 2025.
En una resolución y una recomendación aprobadas hoy basadas en un informe presentado por Cecilia Dalman Eek (Suecia, SOC/G/PD) y Bernd Vöhringer (Alemania, SOC/G/PD) durante su 48ª sesión, el Congreso constató con preocupación que el rápido retroceso democrático observado en Georgia durante los últimos dos años ha afectado cada vez más a la democracia local del país.
La marginalización de la oposición y la falta de diálogo con las autoridades gobernantes ha conducido a una ausencia de pluralismo político de facto, incluso en los consejos municipales, y a una excesiva concentración de poder por parte del partido gobernante, lo que ha llevado a la oposición a boicotear todos los órganos de toma de decisiones.
En consecuencia, las deficiencias y los retos que afectan al respeto de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, han provocado el hundimiento de la confianza pública en las instituciones democráticas para una gran parte de la población georgiana, especialmente los jóvenes, y han dañado la democracia local, lo que no favorece la celebración de las elecciones locales de 2025 en un clima basado en la confianza.
El Congreso ha pedido a las autoridades georgianas que deroguen la legislación que vulnere los derechos humanos, en particular la Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera, y que se abstengan de tomar medidas que impidan la indispensable labor de la sociedad civil, que se investiguen los arrestos y las acciones violentas contra manifestantes no violentos y periodistas a escala local, que se libere a los detenidos y que se garantice la legalidad y la proporcionalidad de las sanciones por delitos relacionados con manifestaciones públicas en los municipios.
También ha solicitado a las autoridades que deroguen las polémicas enmiendas a la Ley de la Función Pública y que se readmita a los empleados de los servicios públicos locales que han sido despedidos en virtud de esas disposiciones.
The situation of local and regional democracy in Georgia
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48th Session
