El Consejo de Europa ha presentado una serie de directrices dirigidas a sus 46 Estados miembros para prevenir y combatir el discurso del odio, dentro y fuera de internet.
En una Recomendación adoptada durante su sesión anual que se celebra en Turín, el Comité de Ministros del Consejo de Europa llama a los gobiernos a desarrollar estrategias globales para prevenir y combatir la incitación al odio, incluyendo la adopción de un marco jurídico eficaz y la aplicación de medidas correctamente graduadas y proporcionadas. Al hacerlo, las autoridades nacionales deben conciliar cuidadosamente el derecho a la vida privada, el derecho a la libertad de expresión y la prohibición de la discriminación.
Celebrando la adopción de las directrices, la secretaria general Marija Pejčinović Burić ha declarado: ”el discurso del odio está aumentando en Europa, especialmente en Internet, donde a menudo adopta la forma de racismo, antisemitismo o incitación a la violencia. Los gobiernos europeos deben unir fuerzas para hacer frente a esta compleja amenaza para nuestras sociedades mediante medidas eficaces y proporcionadas”.
Las directrices recomiendan a los Estados miembros que diferencien entre los casos más graves de discurso del odio que deben ser prohibidos por el derecho penal, el discurso de odio sujeto al derecho civil y administrativo y, por último, las expresiones ofensivas o perjudiciales que no son suficientemente graves como para ser restringidas legítimamente en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero que, sin embargo, requieren respuestas alternativas.
Se ofrece orientación en materia de concienciación, educación, utilización de un contra-discurso y de un discurso alternativo, creación de mecanismos de apoyo a las personas afectadas por el discurso de odio y formación a los miembros de la policía y la judicatura, así como a otros profesionales.
Aunque se dirige principalmente a los Estados miembros y sus autoridades, la Recomendación también contiene orientaciones para otros actores como funcionarios públicos, partidos políticos, intermediarios de Internet, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
