Alarmado por el efecto disuasorio que las demandas abusivas tienen sobre la libertad de expresión y la participación pública, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha aprobado una Recomendación dirigida a sus 46 Estados miembros destinada a contrarrestar el uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs por sus siglas en inglés), a menudo utilizadas contra periodistas y medios de comunicación, así como contra otros vigilantes de los asuntos públicos. Se insta a los Estados miembros a que diseñen estrategias integrales y eficaces para contrarrestar las SLAPPs, entendidas como acciones legales con las que se amenaza, o que se inician o mantienen para acosar o intimidar a su objetivo con el fin de impedir, inhibir, restringir o penalizar la libertad de expresión sobre asuntos de interés público y el ejercicio de los derechos asociados a la participación pública.
La Recomendación interpreta la participación pública y el interés público en sentido amplio, haciéndolos extensivos al derecho democrático de toda persona a participar en el debate público y en los asuntos públicos, tanto online como fuera de las redes. Por lo tanto, no se limita a los periodistas y otros actores de los medios de comunicación, sino que abarca a todos los vigilantes públicos y participantes del debate público, incluidas las organizaciones y activistas de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los académicos.
La Recomendación contiene una serie de directrices aplicables a las demandas civiles, a los campos administrativo y penal, y a las tácticas de intimidación legal. Abarca todas las fases de la acción legal, también la amenaza inicial de acción legal, que puede tener un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión y la participación pública.
Además, comprende todos los tipos de SLAPPS, incluyendo tanto las demandas nacionales como las transfronterizas, las demandas múltiples y coordinadas, y las demandas contra la participación pública anónima. Para contribuir a la identificación de las SLAPP, la recomendación identifica una lista no exhaustiva de 10 indicadores, que incluye la explotación de un desequilibrio de poder, la falta de fundamento total o parcial de los argumentos del demandante, la solicitud de medidas de reparación desproporcionadas, excesivas o irrazonables, y la utilización de tácticas dilatorias.
La recomendación anima a los Estados a seguir reforzando sus marcos legislativos y políticos ya existentes para contrarrestar las SLAPP, en particular en lo que respecta a las salvaguardias estructurales y procesales -incluidas las que permiten la desestimación temprana de las SLAPP-, los remedios, la transparencia, el apoyo a los objetivos y a las víctimas, y el fomento de programas de educación, formación y sensibilización.
La recomendación se adoptó en una reunión celebrada en Vaduz el 5 de abril en el marco de la presidencia de Liechtenstein del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
