Las conclusiones del informe presentado por Iulian Bulai (Rumanía, ALDE) sobre la observación de las elecciones parlamentarias de Georgia el 26 de octubre de 2024 “generan dudas sobre la corrección de los resultados electorales, concretamente sobre si los resultados de las elecciones reflejan realmente la intención de los votantes”.
El informe señala una serie de cuestiones que “socavaron significativamente la imparcialidad del proceso electoral y pusieron en entredicho la legitimidad de sus resultados”, incluyendo la desigualdad de condiciones de competencia entre los partidos políticos, con una clara ventaja para el partido gobernante, cuyos recursos administrativos se utilizaron en su beneficio.
El informe hace referencia también a la alta polarización, a la preocupación por la transparencia y la imparcialidad del proceso electoral, a la politización de las instituciones del Estado y a un clima generalizado de intimidación y presión dirigido tanto a los votantes como a los activistas. Señala que la Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera contribuyó a la estigmatización de los grupos de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y las voces disidentes. La delegación de la APCE también observó con preocupación la violación del secreto de voto y cambios hechos en el último minuto en el proceso electoral, que ponen en duda su transparencia.
En este contexto, la delegación animó a las autoridades georgianas, en particular, a revisar el marco electoral de cara a las elecciones locales de 2025 para restablecer la imparcialidad de la Comisión Electoral Central y de la Oficina Anticorrupción, en línea con las recomendaciones de la Comisión de Venecia y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), y a poner en marcha una revisión exhaustiva de la legislación electoral.
Además, el informe pide “investigaciones rápidas, creíbles y trasparentes de todas las irregularidades y acusaciones de manipulaciones de voto”, para restaurar el clima propicio para unas campañas electorales competitivas “derogando la Ley de la Transparencia de la Influencia Extranjera”; y reforzar el secreto de voto.
