La mayor parte de los Estados europeos han aprobado legislación u otras medidas para garantizar la gestión adecuada de los bienes embargados o incautados, aunque en algunos países todavía se necesitan mejoras, según un informe de la Conferencia de las partes del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, conocido como el “Convenio de Varsovia”.
El informe evalúa hasta qué punto los 37 Estados partes cumplen con el artículo 6 del tratado, destinado a garantizar un enfoque sistemático a la gestión de los activos embargados e incautados hasta que las autoridades judiciales confirmen la orden de decomiso definitiva. Hasta entonces, los bienes incautados deben conservarse y administrarse de forma que su valor, como mínimo, no disminuya. Esto se aplica tanto a los bienes tangibles, como automóviles, inmuebles o metales preciosos, como a los intangibles, como la propiedad intelectual o los activos virtuales.
El informe concluye que, aunque todos los Estados parte han adoptado medidas concretas relativas a los bienes incautados, en algunos países estas medidas solo se ocupan de su almacenamiento hasta que se produce una decisión final sobre su confiscación.
El grado de desarrollo de los sistemas de gestión de activos varía mucho de un Estado parte a otro. Algunos países han establecido un sistema de gestión de bienes tras su incautación que funciona correctamente (Bélgica, Croacia, España, Francia, Hungría, Italia, Malta, los Países Bajos, el Reino Unido y Rumanía) y muchos otros cumplen en general las disposiciones del artículo 6 del Convenio de Varsovia. Varios Estados parte informaron de reformas en marcha para mejorar sus sistemas (Alemania, Letonia, la República de Eslovaquia, la República de Moldavia, Portugal y San Marino).
