El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha publicado dos informes de seguimiento que evalúan el cumplimiento por parte de España de sus recomendaciones para prevenir la corrupción en relación con las altas funciones ejecutivas del gobierno central, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los parlamentarios, los jueces y los fiscales.
En un informe de seguimiento adoptado en diciembre de 2023, el GRECO concluyó que España aún no había aplicado plenamente ninguna de las recomendaciones que realizó al país en 2019 para prevenir la corrupción y promover la integridad de las altas funciones ejecutivas del Gobierno central y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil). De las recomendaciones pendientes, había aplicado parcialmente 13 recomendaciones y aún no había aplicado otras seis.
Debido a la deficiente implementación de sus recomendaciones, el GRECO aplicó a España su procedimiento de incumplimiento de la 5ª ronda de evaluación y pidió a las autoridades que informaran sobre los progresos realizados para cumplir sus recomendaciones antes del 31 de diciembre de 2024. El GRECO examinará el correspondiente informe de seguimiento en su 100ª sesión plenaria (Estrasburgo, 2-5 de junio de 2025).
El informe celebraba la adopción de un Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE) basado en la evaluación de riesgos, un código ético, disposiciones sobre integridad y conflictos de intereses, formación, canales internos de información, gestión de la calidad y un proceso de evaluación.
Sin embargo, el GRECO pidió a las autoridades que prestaran más atención a la situación particular de las altas funciones ejecutivas del gobierno central (incluidos los asesores políticos) y a las áreas específicas de riesgo de conflicto de intereses y corrupción a las que se enfrentan en su trabajo. Si bien consideró que algunos elementos de la reforma del marco general de integridad podrían cubrir tales riesgos, el GRECO esperaba un enfoque más a medida.
El GRECO también pidió mejoras en la divulgación de información financiera, en la regulación de los grupos de presión, en las puertas giratorias (cuando los cargos del gobierno abandonan sus funciones para trabajar en el sector privado) y en el sistema de responsabilidad penal de los miembros del gobierno (el llamado aforamiento).
El informe aplaudía los esfuerzos realizados por las autoridades para avanzar en la aplicación de los requisitos de acceso a la información, incluida la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales. Animaba a las autoridades a avanzar más en este ámbito a través de las medidas regulatorias previstas. Además, el informe pedía reforzar la independencia y las competencias de la Oficina de Conflicto de Intereses y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El GRECO reconoció que se habían realizado ciertos avances, aunque limitados, en la aplicación de sus recomendaciones relativas a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Celebró las extensas iniciativas para promover la igualdad de género. No obstante, insistió en la necesidad de mejorar los mecanismos internos de prevención de la corrupción, en particular mediante una mejor evaluación y gestión de riesgos, la investigación y comprobación periódica de antecedentes, el desarrollo de una estrategia anticorrupción específica, el refuerzo de las normas éticas y la garantía de transparencia, objetividad e imparcialidad en los procesos de toma de decisiones.
En un informe de seguimiento (de 2024) en el que se evaluaba la aplicación de las recomendaciones formuladas a España en 2013 para prevenir la corrupción en relación con los miembros del Parlamento, los jueces y los fiscales, el GRECO no encontró avances en el nivel de cumplimiento de las recomendaciones desde 2022, cuando se adoptó el anterior informe de seguimiento. En junio de 2024, cuando se adoptó el informe publicado hoy, España había aplicado plenamente siete recomendaciones y había aplicado parcialmente otras tres. Una recomendación relativa al sistema de selección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) seguía sin aplicarse.
Las recomendaciones aplicadas parcialmente se refieren a la necesidad de introducir normas sobre la forma en que los parlamentarios se relacionan con los grupos de presión y terceras partes que tratan de influir en el proceso legislativo, y a la necesidad de establecer por ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos de la magistratura. Otra recomendación aplicada parcialmente se refiere a la necesidad de mayores garantías en relación con el refuerzo de la independencia, la transparencia y la autonomía del Ministerio Fiscal.
Este informe de seguimiento concluye con la 4ª ronda del procedimiento de cumplimiento en lo que respecta a España (parlamentarios, jueces y fiscales).
Los informes han sido publicados a petición de las autoridades españolas conforme a las normas de procedimiento del GRECO.
