En un dictamen sobre la Ley LXXXVIII de 2023 sobre Protección de la Soberanía Nacional, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha estudiado los principales elementos de la ley, especialmente la prohibición de financiación extranjera en las campañas electorales y el establecimiento y las actividades de la Oficina de defensa de la soberanía.
La Comisión de Venecia señala que medidas tales como la restricción del financiamiento extranjero de los partidos políticos y las campañas electorales se atienen, en principio, a buenas prácticas y normas internacionales. Sin embargo, el dictamen destaca que las disposiciones de la ley trascienden las campañas electorales e incluyen actividades políticas en un sentido más amplio, así como campañas a favor del cambio social. A tenor del dictamen, la razón y la necesidad de un alcance tan amplio «no han sido justificadas por las autoridades húngaras».
El dictamen concluye que la parte de la ley que amplía la prohibición de recibir financiación extranjera, que antaño solo se aplicaba a los partidos políticos, y que establece un nuevo delito denominado «influencia ilegal sobre la voluntad de los votantes» respeta las normas internacionales, siempre y cuando se modifiquen algunas disposiciones para establecer ciertas excepciones a las nuevas restricciones y se incluyan definiciones más precisas.
Respecto a la otra parte de la ley que crea la Oficina de defensa de la soberanía, el dictamen cuestiona la base jurídica de esta oficina como protectora de la «identidad constitucional», mientras que se le encomienda proteger la «soberanía nacional». Por lo general, en un Estado democrático, las amenazas identificadas en el texto de la ley se contrarrestan a través de las instituciones ordinarias del Estado, como los tribunales y las fuerzas del orden, que ofrecen garantías respecto a las injerencias en el ejercicio de los derechos fundamentales. La Oficina de defensa de la soberanía no debería interferir en las competencias constitucionales de estos órganos, y la Comisión de Venecia no contempla la necesidad de su creación.
El dictamen fue solicitado por el Comité de Seguimiento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
