El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha publicado las decisiones caso por caso adoptadas durante su reunión del 11 al 13 de junio destinada a supervisar la ejecución de sentencias y decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Durante la reunión el Comité de Ministros ha adoptado 42 decisiones que conciernen a 22 Estados, incluidas Resoluciones provisionales (*) en casos relativos a Hungría y a Türkiye. En otro caso relativo a Hungría, el Comité ha invitado a su presidente a enviar una carta al ministro competente del Estado en cuestión (**)
El Comité ha adoptado 45 Resoluciones finales (***) sobre 113 sentencias y decisiones del Tribunal Europeo, que conciernen a 21 Estados diferentes.
Además, el Comité ha adoptado una lista indicativa de casos que examinará durante su próxima reunión dedicada a la ejecución de sentencias, que se celebrará del 17 al 19 de septiembre de 2024 (1507ª reunión).
En virtud del artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son vinculantes para los Estados a los que conciernen. El Comité de Ministros supervisa la ejecución de sentencias basándose en la información que proporcionan las autoridades nacionales, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos (NHRIs por sus siglas en inglés) y otras partes interesadas.
Vídeo sobre el proceso de supervisión de la ejecución de sentencias del TEDH [ES]
Fichas por países y temáticas sobre la ejecución de sentencias del TEDH
Sitio web: Impacto del Convenio Europeo de Derechos Humanos
(*) Una resolución provisional es un tipo de decisión adoptada por el Comité de Ministros destinada a resolver situaciones complejas que requieren de atención especial.
(**) El envío de una carta por parte de la presidencia del Comité de Ministros a las autoridades de un Estado es una medida relativamente poco frecuente que hasta ahora ha sido adoptada sólo en contadas ocasiones.
(***) Una resolución final es una decisión del Comité de Ministros con la que se acaba con la supervisión de la ejecución de la sentencia al considerar que el Estado concernido ha adoptado todas las medidas requeridas en respuesta a las violaciones que constató el Tribunal.
