En un informe publicado hoy, el Grupo de Expertos del Consejo de Europa en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO) acoge positivamente el persistente compromiso de las autoridades españolas y los avances logrados en las medidas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. El GREVIO también señala áreas que requieren medidas urgentes para que el país cumpla plenamente con el Convenio de Estambul, entre ellas la mejora de la formación de los profesionales que tratan con la víctimas y los autores de violencia contra la mujer, incluso en el ámbito de la judicatura.
El GREVIO acoge favorablemente que las autoridades españolas hayan seguido ampliando el marco legislativo y político para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, en particular con la adopción en 2022 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que penaliza los actos sexuales con una persona que no ha dado su libre consentimiento.
Entre otras acciones positivas cabe destacar la adopción del Plan Conjunto Plurianual en materia de violencia contra las mujeres (2023-2027), medidas significativas para ampliar el alcance de las políticas y los servicios a otras formas de violencia contra la mujer distintas de la violencia en el marco de la pareja, y la actual creación de centros de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual en todo el país. Además, los fondos destinados a la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres continúan aumentando de manera constante.
El enfoque de las fuerzas de seguridad con respecto a las mujeres víctimas de violencia, en particular en las unidades especializadas, ha mejorado sustancialmente. Asimismo, el GREVIO valora positivamente la inclusión en la legislación del principio de suspensión de los derechos de custodia y visita para los niños expuestos a violencia doméstica, así como la prohibición legal del uso del denominado síndrome de alienación parental.
A pesar de estos avances, el GREVIO insta a las autoridades españolas a adoptar medidas adicionales para garantizar el apoyo, la protección y la justicia a las víctimas de violencia contra la mujer y de violencia doméstica.
El GREVIO pide a las autoridades españolas que refuercen la formación de todos los profesionales que tratan con víctimas y autores de violencia contra la mujer sobre todas las formas de violencia, y que den respuesta a las necesidades específicas de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables. Es preciso que esta formación se imparta a profesionales de la justicia, las fuerzas de seguridad, el bienestar social, la salud y la educación.
Además, el GREVIO insta a las autoridades a que fomenten una formación obligatoria para los jueces encargados de casos relacionados con la custodia y los derechos de visita sobre los efectos negativos que tiene para los niños la exposición a la violencia contra las mujeres, así como sobre la naturaleza y la dinámica de la violencia doméstica.
El GREVIO manifiesta su especial preocupación por la representación desproporcionada que tienen entre las víctimas de violencia de género las mujeres migrantes, refugiadas, con discapacidad y residentes en zonas rurales. Por ello, insta a las autoridades a que redoblen sus esfuerzos para proporcionarles protección y apoyo.
También señala la necesidad de adoptar medidas adicionales para simplificar y armonizar el proceso de reconocimiento oficial de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, a fin de asegurar su rápido acceso a los servicios de protección y apoyo en todo el país, sea cual sea la forma de violencia que hayan sufrido.
El informe valora positivamente el constante aumento de la tasa de condenas, que en 2023 alcanzó alrededor del 80 % en casos de violencia en el marco de la pareja, aunque expresa preocupación por el hecho de que el número de sentencias por violencia sexual siga siendo bajo. A pesar de los cambios introducidos por la Ley Orgánica 10/2022 de Libertad Sexual, las víctimas de violencia sexual siguen sufriendo victimización secundaria en los procedimientos judiciales, debido al cuestionamiento de su credibilidad, los estereotipos sobre las víctimas de violación en el ámbito de la judicatura, la necesidad de repetir declaraciones y la vulneración de la privacidad de la víctima durante el procedimiento.
Por consiguiente, el GREVIO subraya que es necesario intensificar los esfuerzos para identificar y abordar los factores legislativos y procesales que contribuyen a la victimización secundaria de las mujeres víctimas de violencia durante la instrucción, así como llevar a cabo estudios sobre los factores que conducen al desistimiento en los casos de violencia de género.
El GREVIO lamenta que, tras la entrada en vigor de esta ley, la fusión de los delitos de agresión sexual y abuso sexual y la consiguiente ampliación del rango de sanciones hayan dado lugar a la reducción de cientos de penas impuestas a autores de violencia sexual. A pesar de ello, el GREVIO considera que la plena aplicación de esta ley podrá reducir considerablemente los niveles de impunidad frente a la violencia sexual, al fomentar el aumento de las denuncias y una mayor eficacia en la investigación y el enjuiciamiento por estos delitos.
Respecto a las situaciones de peligro inminente, el informe señala que, de acuerdo con la legislación vigente, las medidas para proteger a las mujeres víctimas y sus hijos pueden tardar hasta 72 horas en dictarse, un plazo excesivo para que se puedan considerar una orden de alejamiento de emergencia según lo establecido en el Convenio. Por lo tanto, las autoridades españolas deberían permitir la promulgación de órdenes de alejamiento de emergencia para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas y sus hijos en sus hogares. Asimismo, es necesario realizar un análisis de los motivos por los que las tasas de rechazo de solicitudes de órdenes de protección sean notablemente más altas en algunas regiones del país.
Por último, al GREVIO le preocupa el aumento de los casos denunciados de violaciones en grupo, donde tanto los agresores como las víctimas son con frecuencia muy jóvenes. Destaca la influencia que tiene la pornografía violenta, en España y otros países, en los jóvenes que cometen este tipo de delitos, y el hecho de que esta es mayor cuando hay poco acceso a debates contextualizados sobre sexualidad, igualdad de género, roles de género no estereotipados, respeto mutuo, violencia de género contra las mujeres y derecho a la integridad personal.
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El GREVIO es un organismo independiente de derechos humanos encargado de supervisar la aplicación por sus Estados partes del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (STCE n.º 210), conocido como «Convenio de Estambul». El tratado está abierto a la firma para cualquier país del mundo, además de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, y ha sido ratificado por 38 Estados y la Unión Europea, y firmado por otros 6.
