La conferencia de alto nivel sobre la Carta Social Europea celebrada en Vilna (Lituania) ha adoptado una declaración política histórica que refuerza el compromiso de los Estados miembros del Consejo de Europa con la justicia social y la protección de los derechos sociales. El acto, celebrado bajo los auspicios de la Presidencia lituana del Comité de Ministros del Consejo de Europa, ha reunido a ministros y altos cargos de los ámbitos de los derechos sociales y la política social, dirigentes del Consejo de Europa, representantes de la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la sociedad civil, interlocutores sociales, instituciones académicas y organismos nacionales dedicados a los derechos humanos y la igualdad.
Dirigiéndose a los participantes, el secretario general adjunto del Consejo de Europa, Bjørn Berge, ha subrayado que «la Carta Social Europea garantiza nuestros derechos a la salud y la educación, al trabajo, a la vivienda y a la seguridad social, entre muchas otras cosas. Estos derechos están concebidos para garantizar que todos podamos llevar una vida decente y digna y participar plenamente en nuestras sociedades democráticas».
Por su parte, Ingrida Šimonytė, primera ministra de Lituania, ha destacado que «la Carta Social Europea se compone de principios y objetivos que nos definen —como europeos y como democracias—, y a través de sus ideales, la Carta nos ofrece una hoja de ruta hacia la justicia social, la inclusión, la prosperidad y el progreso. Sin embargo, todo esto es inalcanzable si no hay paz, seguridad y libertad. Y siempre que se derrumba el orden pacífico, la atención se desvía inevitablemente hacia las amenazas existenciales, y los débiles son los que más sufren. La guerra brutal, sin provocación e injustificada perpetrada por Rusia nos recuerda que la libertad, y todo lo que prospera gracias a ella, no puede darse por sentado. Y hoy, al ayudar a defender la libertad de Ucrania, defendemos nuestra propia libertad. Defendemos los valores de la Carta Social Europea».
Sobre la base de los principios fundamentales esbozados en la Declaración de Reikiavik, adoptada durante la 4.ª cumbre del Consejo de Europa en mayo del año pasado, en la declaración política se destaca la importancia de un marco sólido de derechos sociales y del sistema de la Carta Social Europea. Asimismo, se reafirma la incompatibilidad de la agresión militar con las obligaciones en materia de derechos humanos, se expresa la solidaridad con la población ucraniana desplazada y se subraya la necesidad de asumir nuevos compromisos en materia de derechos sociales. En la declaración también se pone de relieve el papel del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa en la mejora de la cohesión social, se valoran positivamente las decisiones para mejorar la implementación y el seguimiento del sistema de la Carta, y se reconoce el papel fundamental de los poderes legislativo y ejecutivo nacionales en la protección de los derechos sociales a través de medidas legislativas.
En la declaración, los representantes de los Estados miembros del Consejo de Europa se comprometen a respetar, proteger y aplicar los derechos sociales. Se insta a los Estados Partes de la Carta a que aborden los desafíos y oportunidades que plantea el cumplimiento de los requisitos de la Carta, y se anima a los Estados miembros que aún no han ratificado la Carta Social revisada (1996) a que lo hagan para apoyar el progreso económico y social. La presidenta del Comité Europeo de Derechos Sociales, Aoife Nolan, ha señalado que es crucial que los Estados sigan aprovechando el impulso generado por la conferencia para maximizar la capacidad de la Carta de servir de marco unificado y global para la protección de los derechos sociales en toda Europa.
En la conferencia, que conmemora el 25.º aniversario de la Carta Social Europea revisada y el 75.º aniversario del Consejo de Europa, ha tenido lugar un acto dedicado al Tratado. Durante este acto, Islandia ha depositado su instrumento de ratificación, convirtiéndose en el 36.º Estado en adherirse a la Carta Social Europea revisada. Además, Irlanda y Andorra se han comprometido a cumplir otras disposiciones de la Carta, y otros Estados miembros han asumido compromisos adicionales en virtud de la Carta Social Europea.
