En una opinión urgente, la Comisión de Venecia recomienda a las autoridades polacas revocar la “Ley sobre la Comisión estatal para investigar la influencia rusa en la seguridad interna de la República de Polonia entre 2007 y 2022” lo antes posible para evitar que tenga un impacto negativo en la igualdad de condiciones en las próximas elecciones en otoño.
Aprobada por el Sejm polaco y firmada por el presidente de Polonia, la ley entró en vigor el 31 de mayo de 2023. La Comisión estatal creada por la ley está facultada para realizar investigaciones destinadas a esclarecer las actividades de antiguos cargos públicos, miembros de la alta dirección y otras personas, solicitar acceso a la información, incluidos archivos clasificados, a una gran cantidad de instituciones del Estado, entre ellas las agencias de (contra)inteligencia y de seguridad, la fiscalía y el sistema judicial. A raíz de estas investigaciones, la Comisión puede decidir que una persona actuó “bajo la influencia de la Federación de Rusia en detrimento de los intereses de Polonia” y aplicar posteriormente “medidas de reparación”. La Comisión también puede decidir que una determinada decisión administrativa se emitió “bajo influencia rusa en perjuicio de los intereses de Polonia” y, en consecuencia, anularla y emitir opiniones jurídicas e indicaciones a la autoridad a la que se remita el caso para su reexamen.
Dadas las fuertes críticas que la ley ha suscitado a nivel nacional e internacional, el 2 de junio de 2023 el presidente de Polonia presentó un proyecto de enmiendas a la ley proponiendo principalmente la supresión de las “medidas de reparación”.
La Comisión de Venecia, aunque reconoce la legitimidad de los esfuerzos encaminados a contrarrestar la influencia extranjera indebida, considera de entrada que no se ha establecido la necesidad de dicha ley, pero aún menos la necesidad de su carácter retroactivo. Posiblemente los comportamientos problemáticos del pasado se podrían abordar desde el sistema de justicia penal o por comisiones de investigación parlamentarias, si procede sobre la base de la información proporcionada por los servicios de seguridad. El hecho de que la competencia de la Comisión estatal no se extienda a hechos ocurridos a partir de 2023, a pesar de la guerra de agresión en curso de la Federación de Rusia contra Ucrania, añade serias dudas sobre la necesidad de introducir un mecanismo nuevo.
La Comisión de Venecia está especialmente preocupada por el ámbito de aplicación de la ley excesivamente amplio y por el hecho de que las nociones básicas de la ley estén formuladas de manera excesivamente vaga. Esto podría dar lugar a la violación de numerosos derechos humanos sustantivos y procesales, y también contraviene los principios de seguridad jurídica, de separación de poderes y de equilibrio entre los poderes.
La Comisión de Venecia concluye que la ley, que tiene el potencial de afectar a la igualdad de condiciones en las próximas elecciones parlamentarias, podría convertirse fácilmente en una herramienta en manos de la mayoría para eliminar a oponentes políticos, sobre todo porque un candidato que se presente a las elecciones puede ser sometido a un examen por parte de la Comisión estatal y puede ser estigmatizado por el procedimiento y/o por la decisión de la Comisión estatal, e incluso privado del derecho a presentarse a las elecciones durante diez años.
