El Grupo de Expertos del Consejo de Europa contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) ha instado a las autoridades portuguesas a que mejoren el acceso de las víctimas de trata a la asistencia jurídica y garanticen que tienen acceso a una indemnización.
Estas son algunas de las propuestas de acción principales incluidas en el último informe de evaluación sobre la aplicación por parte de Portugal del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. En el informe se señala que en el período 2016-2020 las autoridades portuguesas identificaron a 1.152 presuntas víctimas de trata, la mayoría de las cuales eran explotadas en el sector agrícola. Portugal sigue siendo fundamentalmente un país de destino de las personas objeto de trata, pero también es un país de origen y de tránsito.
El GRETA acoge con satisfacción que Portugal haya seguido desarrollando el marco de actuación e institucional para hacer frente a la trata de seres humanos, en particular la adopción del cuarto Plan de Acción Nacional Contra la Trata de Personas, el establecimiento de un nuevo mecanismo nacional de remisión para los menores y el aumento del número de equipos multidisciplinarios para el apoyo y la protección de las víctimas.
No obstante, el GRETA insta a las autoridades portuguesas a que establezcan procedimientos eficaces para identificar a las víctimas de trata entre los solicitantes de protección internacional. Aun reconociendo que Portugal ha aumentado su capacidad para acoger a las víctimas de trata a lo largo de los años, el GRETA alienta a las autoridades a que destinen una financiación estatal adecuada al funcionamiento de los refugios. Por último, el GRETA insta a las autoridades portuguesas a velar por que las víctimas de trata puedan beneficiarse en la práctica y en un plazo adecuado del derecho a obtener un permiso de residencia cuando su situación personal lo justifique o cuando estén cooperando con las autoridades en investigaciones o procedimientos penales.
