Un nuevo informe del Consejo de Europa evalúa el progreso conseguido en los países europeos para garantizar el pleno reconocimiento legal de género (RLG) en todos los ámbitos de la vida. El informe reconoce avances en la legislación, las prácticas y las actitudes públicas, pero el progreso es lento y son necesarias medidas adicionales, entre otras cosas, para “despatologizar” el reconocimiento legal de género, así como asegurar que los miembros de la familia de las personas concernidas no se vean perjudicados y que el interés superior del niño y la niña se tenga debidamente en cuenta.
Este es el primer informe temático sobre la aplicación de la Recomendación CM/Rec(2010)5 sobre medidas para combatir la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género que se centra en el aspecto específico de la recomendación relativo al reconocimiento legal de género. Aunque el apoyo a los derechos de las personas LGBTI, incluido el concepto de reconocimiento legal de género, están arraigando firmemente en Europa, hay diferencias sustanciales entre los países según revela este informe. 38 Estados miembros del Consejo de Europa cuentan con procedimientos legales o administrativos para asegurar el reconocimiento legal del género, y nueve tienen un sistema de autodeterminación. Sin embargo, en algunos países no existe un procedimiento claro y otros han retrocedido en la protección existente haciendo imposible el RGL. Para algunas personas transgénero, intersexuales y con diversidad de género esto significa tener documentos oficiales que no coinciden con su identidad de género. Esto les hace más vulnerables a la discriminación y la violencia. Otro problema es el auge de la oposición a los derechos humanos de las personas transgénero en algunos países, acompañado de un déficit de información pública sobre su situación.
El informe también realiza algunas recomendaciones generales. La legislación sobre igualdad de trato debería ir acompañada de medidas políticas adecuadas para su aplicación y evaluación periódica. Los Estados miembros que actualmente no cuentan con legislación antidiscriminatoria que proteja específicamente la identidad de género deberían avanzar hacia su introducción. Los motivos relacionados con la identidad de género o las características sexuales de la víctima debería ser considerados como “circunstancias agravantes”.
El informe ha sido preparado por un grupo de trabajo creado por el Comité Directivo contra la discriminación, por la diversidad y la inclusión (CDADI), con el apoyo de la unidad de Identidad de Género y Orientación Sexual (SOGI). Está previsto que el próximo informe temático se publique en 2023 y esté dedicado a los delitos de odio contra las personas LGBTI.
