«La aprobación del proyecto de ley sobre seguridad de Ruanda (asilo e inmigración) por parte del Parlamento británico suscita serias dudas sobre los derechos humanos de los solicitantes de asilo y el Estado de derecho en términos más generales», ha declarado Michael O'Flaherty, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. «El gobierno del Reino Unido debe abstenerse de deportar a personas en virtud de su política sobre Ruanda y revocar la vulneración de hecho de la independencia judicial que supone el proyecto de ley», recalcó.
«La gestión del asilo y de la migración representa indudablemente un desafío para los Estados, pero debe realizarse siempre en pleno cumplimiento de las normas internacionales. En este sentido, me preocupa que el proyecto de ley sobre Ruanda permita la aplicación de una política de deportación de personas a Ruanda sin que las autoridades británicas evalúen previamente, en la mayoría de los casos, sus solicitudes de asilo». En concreto, el proyecto de ley impide que las personas que vayan a ser deportadas a Ruanda puedan interponer un recurso ante una posible violación de la prohibición absoluta de deportación (non-refoulement). Asimismo, limita considerablemente la potestad de los tribunales británicos para estudiar plena e independientemente los asuntos que reciben.
El proyecto de ley fue propuesto por el gobierno del Reino Unido junto con un nuevo tratado bilateral con Ruanda tras la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido, en noviembre de 2023, según la cual las personas deportadas a Ruanda corrían un riesgo real de ser devueltas a sus países de origen, en violación del principio de no devolución. El Reino Unido tiene prohibido someter a personas a devolución, incluso indirectamente, en virtud del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y de otros instrumentos internacionales. (Leer más...)
