El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha pedido que los gobiernos adopten normas más estrictas para prevenir la corrupción y promover la integridad en las altas funciones ejecutivas de los gobiernos centrales (particularmente en lo que respecta a los lobbies y contactos con terceros) y que redoblen sus esfuerzos para aplicar plenamente y sin demora todas las recomendaciones del GRECO.
En su informe anual de 2023, el GRECO muestra su preocupación por la lenta implementación de sus recomendaciones para prevenir la corrupción entre los parlamentarios, en comparación con otros grupos profesionales. También subraya que varios sistemas judiciales deben seguir reformándose para garantizar la independencia de los jueces y los fiscales y para reforzar las reglas de integridad que se les aplican.
En cuanto a su 5ª ronda de evaluación, centrada en prevenir la corrupción y promover la integridad de las altas funciones ejecutivas de los gobiernos centrales y los cuerpos y fuerzas de seguridad, las conclusiones del Greco muestran que la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas siguen amenazadas.
El presidente del GRECO, Marin Mrčela, ha declarado: "no hay transparencia sin rendición de cuentas, ya que la impunidad sólo sirve para agravar el riesgo de corrupción y socavar la confianza pública. Se necesita más regulación y rigor para hacer frente a los riesgos de corrupción de las altas funciones ejecutivas, en concreto aquellos que conciernen a los lobbies y contactos con terceros, y para garantizar la eficacia de las políticas de integridad. Las personas en las altas funciones ejecutivas deberían predicar con el ejemplo”.
El GRECO considera que los Estados deben garantizar que sus marcos de integridad institucional y legislativa se aplican directamente y de forma íntegra, no sólo a los altos funcionarios, también a los ministros y ministras, sus asesores políticos y demás personal de designación política, así como a determinados jefes de Estado. Son necesarias mejoras significativas en áreas como la adopción y la aplicación de códigos de conducta, la gestión de conflictos de intereses y los lobbies, el control de las declaraciones de bienes y la garantía de su transparencia, la limitación de las inmunidades, el acceso a la información y las prácticas de “puertas giratorias”.
En lo que respecta a las fuerzas del orden, el GRECO subraya que los Estados deben hacer más para garantizar que los comportamientos corruptos y los fallos de integridad se traten adecuadamente en todos los niveles jerárquicos y para prevenir las injerencias indebidas de los gobiernos en las actividades policiales. Es necesario adoptar políticas globales contra la corrupción y para la integridad de la Policía, así como mejorar la gestión de los conflictos de intereses y empleos secundarios, la protección de los denunciantes, y los procesos de contratación, ascenso y despido.
El GRECO celebra su 25º aniversario en 2024. El GRECO fue creado el 1 de mayo de 1999 como Acuerdo Parcial Ampliado del Consejo de Europa firmado por 17 Estados (Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Rumanía y Suecia). A día de hoy cuenta con 48 miembros: los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, los EEUU y Kazajistán. La Unión Europea se unió en 2019, en calidad de observadora. El GRECO prepara actualmente su 6ª ronda de evaluación, que comenzará en 2025 y se centrará en prevenir la corrupción y promover la integridad de las autoridades locales y regionales.
